Desde el sector señalan a la incertidumbre normativa y económica como las principales razones, y demandan un mayor apoyo. De lo contrario, señalan, los objetivos marcados por la Unión Europea de producción energética con renovables peligran.
El balance de 2010 para la eólica en España podría calificarse de agridulce. Según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), se instalaron 1.515,95 megavatios (MW), un 8% más respecto a 2009. La potencia instalada a 31 de diciembre en España se situaba en 20.676,04 MW. Se lograba así el objetivo del Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 de llegar a los 20.155 MW.
España es así el segundo país europeo con más energía eólica instalada, tras Alemania, y el cuarto del mundo. En 2010, China instaló 16.000 MW de nueva potencia de energía eólica, un 62% más que en 2009. Gracias a estos datos, superaba a Estados Unidos y se convertía en el país con más potencia de energía eólica del planeta.
La eólica lograba el 9 de noviembre su máximo histórico de producción instantánea, horaria y diaria. Con 14.962 MW generados a las 14.46 horas, fue capaz de cubrir en ese momento el 46,65% de la demanda energética española.
Sin embargo, estos datos no parecen tan buenos cuando se comparan con los de años anteriores. Según Heikki Mesa, director de Políticas Energéticas de la AEE, el pasado año ha sido complicado para el sector eólico, que ha tenido el crecimiento más lento desde 2003 en términos absolutos.
Las razones de esta ralentización son varias, según la AEE. A mediados de 2009 el Gobierno puso en marcha el Registro de Preasignación, que estableció las instalaciones renovables que reciben primas para vender su electricidad a la red a un mejor precio que los sistemas convencionales. Para 2011 y 2012 quedan pendientes de puesta en marcha inscritos en dicho Registro menos de 3.000 MW de eólica. A partir de entonces, no se conoce ni la retribución que percibirán las instalaciones ni el sistema que se utilizará.
Además de esta norma, los responsables de la AEE señalan la incertidumbre por la falta de un marco regulatorio que establezca las reglas del juego a partir de 2013 y la crisis económica. Por ello, el sector ha sufrido la suspensión de pedidos y la pérdida de puestos de trabajo (en 2009 estiman que perdieron más de 5.000 empleos).
